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La implementación de la nueva política migratoria de Estados Unidos generó caos entre las agencias del gobierno y las familias migrantes, ya que no está claro como se reunirá a los niños con sus padres.

Un alto funcionario del gobierno estadunidense dijo que aproximadamente 500 de los más de 2 mil 300 niños separados de sus familias han sido reunidos desde mayo, aunque no dijo cuántos niños estaban detenidos con sus familias.

Las agencias federales están trabajando para instalar un proceso centralizado de reunificación para los niños que quedan separados y sus familias en un centro de detención cerca de la frontera en Texas, dijo el funcionario, quien pidió preservar el anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

 

Hubo además indicios de que el gobierno federal estaba aflojando, por ahora, su política de Cero tolerancia.

La oficina del defensor público federal para la región que cubre causas desde El Paso hasta San Antonio dijo que la oficina del secretario de Justicia desestimaría causas en las que padres fueron acusados de entrar ilegalmente o reingresar ilegalmente al país y, por lo tanto, fueron separados de sus hijos.

“En adelante, no presentarán cargos criminales contra un padre o padres que entran ilegalmente a Estados Unidos si tienen a sus hijos con ellos”, escribió Maureen Scott Franco, defensora pública federal para el distrito occidental de Texas, en un mensaje electrónico.

En la ciudad fronteriza de McAllen, fiscales federales inesperadamente no presentaron cargos contra 17 inmigrantes. Un fiscal dijo que “no se va a buscar enjuiciamiento” a la luz de la orden ejecutiva de Trump de poner fin a la práctica de separar a las familias.

Los abogados migratorios que defiende a los indocumentados aseguraron que el gobierno no tiene planes para reunificarlos y que trabajan como “detectives privados” para unir a padres e hijos, pues la mayoría de los familiares no tienen idea de dónde están los menores y en algunos casos ya fueron deportados sin ellos.

“En el terreno hay mucha confusión e instrucciones e información contradictoria, incluso de la parte de actores del gobierno”, dijo Michelle Brané, directora de derechos de los inmigrantes en la Comisión de Mujeres Refugiadas.

“Esto es sólo un ejemplo de cómo opera este gobierno: anuncios de políticas grandes y audaces sin planes sobre cómo implementarlas, lo cual aumenta el caos en el terreno”, sostuvo Brané.

Como ejemplo, relató el caso de una niña registrada como una menor de dos años, que usaba pañales. Hablaba quiché, una lengua maya usada en Guatemala y México, y nadie le comprendía.

Un poco por casualidad, y tras horas de trabajo detectivesco, Brané logró identificarla en una lista de 500 nombres: tenía en realidad cuatro años, no dos, su nombre era otro y su tía estaba detenida “en el mismo centro, encerrada en otra jaula”.

Sigue siendo un proceso caótico“, dijo Wendy Young, presidente de Kids In Need of Defense (KIND), una organización que ofrece ayuda legal gratuita a menores inmigrantes indocumentados.

“Estamos tratando de ayudar a esos pobres padres que buscan frenéticamente a su hijo”; “los integrantes de mi equipo legal se han convertido en detectives privados“, contó.

ProPublica identificó a la niña cuyo llanto, grabado de incógnito al ser separada de su madre en la frontera hace 10 días, fue escuchado por millones de personas y provocó una indignación generalizada.

Alison Jimena Valencia Madrid, de seis años, está en Phoenix (Arizona), lejos de su madre que está detenida en Port Isabel (Texas) y no sabe cuándo podrá verla. Pero corre con una gran ventaja: durante su viaje de 17 días desde El Salvador a la frontera entre México y Estados Unidos, su madre le ayudó a memorizar un número de teléfono que le permitió contactar a una tía en Houston.

Su madre, Cindy Madrid, aún no ha podido hablar con ella. Según ProPublica, cuando logró llamarla, la niña estaba en un taller obligatorio de “Conoce tus derechos” y no la dejaron atender el teléfono.

“Nunca he podido hablar con ella (…) Es muy desesperante porque en todo momento me pregunto cómo estará, si comió, si la cuidan, si la bañan”, dijo su madre a la CNN.

Al ceder y dar marcha atrás en su política de separación familiar, Trump aseguró que la tolerancia cero con la inmigración ilegal continúa.

Ha pedido a la justicia autorización para detener a niños junto a sus padres durante más de los 20 días que permite la ley, una medida que para activistas pro-inmigrantes equivaldría a detener durante meses o años a padres y niños.

A pedido del gobierno, el Pentágono prepara hasta 20 mil camas para alojar a menores inmigrantes en bases militares.

“Los militares están a cargo de proteger nuestra seguridad, no son un servicio social (…) Nos ha llevado 30 años mejorar el trato de los niños en el sistema migratorio y parece que el gobierno lo destruye en tres meses”, dijo Young.