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Con mayoría de legisladores de Morena, la Cámara de Diputados acordó que el viernes 19 de marzo se lleve a cabo la comparecencia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo y del procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, en una sesión pública para que den su testimonio contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. “El desahogo de los testimonios tendrá lugar el día viernes 19 de marzo del presente año, a partir de las 11:00 horas, de manera virtual, a través de un programa telemático y de la plataforma APRAV de la propia Cámara de Diputados”, resolvió la mayoría de los legisladores en el Congreso.
Mientras la Cámara de Diputados avanza en el juicio contra de Francisco García Cabeza de Vaca, los legisladores federales se preparan para escuchar este viernes los testimonios e informes de Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y de Carlos Romero, de la Procuraduría Fiscal. Sin embargo en el ámbito jurídico y constitucional aún no se resuelve el debate sobre quién tiene la última palabra para que el Ministerio Público Federal pueda detener y procesar penalmente al mandatario panista.
La Fiscalía General de la República sostiene que en cuanto la Cámara apruebe el desafuero, ellos podrán proceder de inmediato para solicitar a un juez la detención de Cabeza de Vaca, lo que se calcula ocurriría en dos meses y medio, es decir a finales de mayo próximo. Mientras tanto en Tamaulipas, el gobernador y el Congreso Local afirman que la decisión federal tendrá que ser enviada a los diputados locales que declararían improcedente el desafuero.
Si la FGR procede, entonces veríamos en mayo un operativo federal para detener, probablemente en el Palacio de Gobierno o en su casa de Ciudad Victoria a Cabeza de Vaca, en algo que sería histórico y que provocaría sin duda una confrontación política y hasta de fuerza entre la Federación y el estado de Tamaulipas por la resistencia que opondrían en la entidad a esa posible orden de detención.
Por el contrario, si el Congreso de Tamaulipas decide hacer valer su posición, entonces veríamos un segundo procedimiento de votación entre los diputados locales en el que claramente la mayoría panista de legisladores locales declararía improcedente el desafuero.
Un tercer escenario posible en este caso es que el tema llegue hasta la Suprema Corte de Justicia y esta tenga que resolver el debate sobre constitucionalidad, lo que supondría esperar varios meses. En ese caso la detención de Cabeza de Vaca tendría que esperar una resolución de la Corte y mientras eso ocurre transcurrirían las elecciones federales y locales del 6 de junio.